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La Corte Suprema de Estados Unidos aborda el martes su primer caso sobre una ley federal que se considera que ayudó a crear el internet moderno al proteger a Google, Twitter, Facebook y otras empresas de demandas por textos publicados por terceros en sus sitios.
Los jueces escucharán argumentos acerca de si la familia de una estudiante universitaria estadounidense muerta en un ataque terrorista en París puede demandar a Google por ayudar a los extremistas a difundir su mensaje y atraer gente.
Es la primera vez que el alto tribunal examina la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones —de 1996, en los inicios de la era del internet—, que protege a las empresas de las demandas por información publicada por sus usuarios.
Los tribunales inferiores han interpretado la ley en el sentido de que protege al sector, que según las empresas y sus partidarios ha impulsado el crecimiento meteórico del internet y alentado la eliminación de contenidos dañinos.
Pero los detractores dicen que las empresas no han tomado medidas suficientes y que la ley no debe bloquear las demandas sobre las recomendaciones, generadas por algoritmos informáticos, que orientan a los usuarios hacia más material que les interesa y los mantiene en línea durante más tiempo.
La reducción de la inmunidad tendría consecuencias drásticas que afectarían a todo el internet porque los sitios usan algoritmos para clasificar y filtrar montañas de datos.
“Los algoritmos de recomendaciones permiten encontrar las agujas en el pajar más grande de la humanidad”, escribieron los abogados en su documento a la Corte Suprema.
En respuesta, los abogados de la familia de la víctima cuestionaron la predicción de consecuencias funestas. “No se puede negar”, escribieron, “que los materiales promocionados en las redes sociales han causado daños graves”.
La demanda fue iniciada por la familia de Nohemí González, una estudiante de 23 años de la universidad Cal State Long Beach que pasaba un semestre en París estudiando diseño industrial. Fue asesinada por pistoleros del grupo Estado Islámico en una serie de ataques que dejaron 130 muertos en noviembre de 2015.
La familia González alega que YouTube, una empresa de Google, fue cómplice del Estado Islámico al recomendar sus videos a los usuarios que estarían más interesados en ellos, violando así la Ley Antiterrorismo.
Las cortes inferiores fallaron a favor de Google.
Otro caso afín, que se presentará el miércoles, se refiere a un ataque terrorista en un club nocturno en Estambul en 2017 en el que murieron 39 personas y dio lugar a una demanda contra Twitter, Facebook y Google.
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